Reapertura, una

política de Estado

Señor Director:

El miércoles tuvimos el primer encuentro del Consejo Asesor “Abrir las escuelas paso a paso”. El objetivo es claro, pues ya no queda tiempo que perder. Es urgente generar las políticas y acciones que permitan a los estudiantes volver a encontrarse en sus colegios de forma segura atendiendo a las graves consecuencias que trae el cierre de las escuelas en diversas dimensiones de su bienestar y desarrollo integral.

Sin embargo, lamentamos que en vez de sumarse a los esfuerzos y colaborar por el bien de los niños, los diputados de oposición de la comisión de Educación hayan aprobado un proyecto de ley que impide que los jardines y salas cuna puedan reabrir este año, y que incluso existiendo las condiciones sanitarias, en 2021, condicionan su reapertura solo si ya lo han hecho la educación básica, media y superior. Nuevamente la primera infancia como última prioridad.

De seguir adelante esta iniciativa, se vulnera el derecho de los niños, la toma de decisiones de las propias comunidades educativas e incluso de las autoridades de Salud, y se genera una gran incertidumbre y desconfianza, en circunstancias de que lo que hace falta es entregar seguridad y confianza a las familias. Para ello son claves la coordinación y colaboración de todas las entidades, y esperamos ser desde el Consejo un gran aporte para eso.

Magdalena Vergara

Directora ejecutiva de Acción Educar

Sylvia Eyzaguirre

Investigadora del CEP

Una razón contingente

Señor Director:

Álvaro Ferrer del Valle indica que es una verdad de sentido común que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. En el ámbito nacional, tiene razón. Igualmente la tendría si hace algunas décadas hubiera dicho que los hijos nacidos fuera del matrimonio tenían menos derechos que aquellos nacidos de una unión matrimonial. Tampoco se hubiera equivocado si hace algo más de tiempo hubiera afirmado que las mujeres eran relativamente incapaces. Digamos, entonces, que, respecto del matrimonio, por ahora, tiene razón; nada más.

Iñigo de la Maza Gazmuri

Declaraciones

del Papa

Señor Director:

Cristóbal Orrego reconoce (en su carta a este medio y a diferencia de lo que señaló hace algunos días) que “algunos fieles” y no “los fieles” católicos estarían “desconcertados y heridos”, a propósito de las declaraciones del Papa Francisco a favor de establecer una regulación civil para las parejas del mismo sexo. Me parece un avance que el profesor Orrego no persevere en su intento de hablar en representación de todos los católicos (no obstante que, probablemente, siga pensando que el Papa está confundido).

Sin embargo, debo reconocer que me llama la atención (más allá de respetar, como es obvio, su derecho a expresar libremente su opinión) que algunas personas que en el pasado defendían con gran entusiasmo todo lo que dijera el Sumo Pontífice, ahora acusen al Papa Francisco de contradecir el Magisterio de la Iglesia, contraponiendo al Papa con la Iglesia.

Tal vez sea mejor que la opinión oficial de la Iglesia Católica de nuestro país sea expresada por sus representantes, más allá de lo que establece el Magisterio de la Iglesia (que siempre se puede actualizar en materias que son discutibles). Hasta el momento no he escuchado ninguna declaración crítica de la Conferencia Episcopal de Chile (ni tampoco del Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe) respecto de la postura del Papa sobre esta materia. En una de esas, el Espíritu Santo hace su trabajo y se inicia un diálogo sincero entre los fieles y sus obispos y terminan apoyando las declaraciones del Papa respecto de una materia en que no existe una verdad absoluta escrita en piedra.

Patricio Walker Prieto

Profesor LLM-UC

Mandato de cambio

Señor Director:

Chile, decía Raúl Ruiz, es una telenovela permanente. Te puedes perder dos, tres, cuatro capítulos, pero cuando regresas todo sigue ahí mismo, para terminar siempre en el mismo beso. Todos recelamos de ese gatopardismo chileno, pero ese gato siempre está ahí, amenazándonos, y hoy duerme arrellanado encima del acuerdo del 15 de noviembre.

Por eso es que las fuerzas progresistas hemos luchado no solo por aprobar la Convención Constituyente, sino que también por subir en ese barco a todo el espectro plebeyo: paridad de género, como base, pero, además, por asegurar escaños para comunidades indígenas, independientes, y, sobre todo, participación social incidente y amplia durante el funcionamiento de la Convención. Lo que buscamos es espantar al gato pardo del proceso, y desanclarle la historia a la gente.

Si nada de esto se logra, el acuerdo habrá sido un mal acuerdo, y será el comienzo de la segunda temporada de la misma telenovela que nos viene cansando desde los noventa. Por eso es que he propuesto copiar experiencias constituyentes, como la colombiana, por ejemplo —que está muy lejana de golpismos, o de esas simplificaciones vanas, a las que la derecha nos tiene cada vez más acostumbradas—, y que la Convención Constitucional reemplace al actual Congreso apenas este empiece a sesionar, y, del mismo modo, o adelantar o suspender las elecciones presidenciales, para que no interfieran sus debates con las sesiones constitucionales.

Solo de este modo habremos asegurado la realización de ese categórico mandato de cambio, que significó el resultado del plebiscito recién pasado. El país votó con una mayoría aplastante. No los 2/3 extorsionadores de siempre. Fue el 80% el que votó señalando que el Congreso no debía participar de la construcción del futuro, porque este no es más el legítimo depositario de los sueños de la gente. Y es que no soy yo el que pide nada. Fue la gente. Y cuando el pueblo habla, el político calla.

Marco Enríquez-Ominami

Juzgados civiles

Señor Director:

El domingo, el abogado señor Morales Miranda ha expresado su pesar, pues a su juicio los funcionarios de los juzgados civiles de Santiago no hemos vuelto a trabajar, con el consiguiente perjuicio a la administración de justicia. Frente a dicho planteamiento se hace necesario señalar que de nuestra ausencia física no se desprende la paralización de la justicia civil; por el contrario, múltiples son los esfuerzos que quienes trabajamos en los juzgados civiles realizamos diariamente a los efectos de desarrollar audiencias, progresar en los juicios y dictar sentencias en los procesos que se ventilan en nuestros tribunales.

Para la atención de público hemos puesto a disposición de nuestros usuarios diversos mecanismos de comunicación; entre otros, turnos presenciales, correos electrónicos, atención telefónica e incluso acceso por medio de videoconferencias, todas medidas que se desarrollan cumpliendo estrictamente las directrices de la Corte Suprema.

Estamos conscientes de que los requerimientos de justicia son mayores a las respuestas que hemos dado en estos tiempos de excepcionalidad, pero estamos seguros de haber puesto nuestros mejores esfuerzos y por eso no compartimos la premisa de que nuestra jurisdicción se encuentra paralizada.

Ricardo Núñez Videla

Juez titular del Undécimo Juzgado Civil de Santiago

A propósito

del buenismo

Señor Director:

Ayer se opina en esta página acerca del buenismo. Se dice que las opiniones de Benito Baranda sobre la violencia son el reflejo de su buenismo, “el deseo de ser celebrado como bueno”, siendo, en definitiva, un tema de orgullo. Se habla incluso del “placer de parecer bueno”. Se trataría entonces de manifestaciones de deseos individuales más que de opiniones políticas con fundamentos que transmiten una idea de cómo debiera llevarse un asunto público, como lo es por cierto el tratamiento de la violencia.

Calificar de “buenismo” una posición esconde también una posición política. En efecto, el o los destinatarios habituales del despectivo término suelen ser organizaciones o personas de corte progresista. El término “buenismo”, exportado desde España, se utiliza habitualmente en ese país para descalificar posiciones de ONGs o de colectividades de centroizquierda. Resulta tan despectivo como tratar de “facho pobre” a quienes, no viniendo de una posición social privilegiada, mantienen ideas de centroderecha.

Cuando Chile vive tiempos de politización, de incorporación de temas comunes al campo de las decisiones colectivas, cabe preguntarse si es sano como sociedad confrontar opiniones sobre asuntos públicos en base a descalificaciones como las mencionadas. Requerimos urgentemente discutir y debatir ideas, dar opiniones sobre lo político. Porque lo que ha opinado Benito Baranda sobre la violencia es una opinión política, que como tal ocupa el espacio público, y como tal debatible, con otra idea.

Leonardo Moreno Núñez

“Buenismo”

Señor Director:

Tras las últimas declaraciones y propuesta de Benito Baranda, quien siempre me ha parecido ser una persona que aporta la necesaria cuota de sensatez y humanidad, creo que la verdadera pandemia que nos aflige en la actualidad se llama “buenismo”. Y contra ella no hay mascarilla que sirva.

Cristián Herrera B.

cartasaldirector@mercurio.cl

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Este domingo hubo una flagrante preferencia por una convención constituyente íntegramente electa. Fue un revés para los partidos y los representantes.

¿Es una buena noticia para la democracia?

Aparentemente sí. Alguien podría decir que por fin la ciudadanía tiene la posibilidad de tomar el poder mediante las agrupaciones de la sociedad civil (expresión que tiene una larga historia que no es del caso recordar aquí). El tejido social que esas agrupaciones configuran, podría agregarse, remediará el gran defecto de los partidos, consistente en alejarse de los intereses ciudadanos al extremo que estos últimos ya no se reconocen en ellos. Los mejores de los ciudadanos y ciudadanas, los más desinteresados y probos, filántropos manirrotos, sacrificados sindicalistas, artistas secretos, creyentes inmaculados, vecinos solidarios, veganos incorruptibles, ágiles ciclistas, independientes autárquicos, valientes animalistas, empresarios alérgicos al lucro, ideólogos de la responsabilidad social, rectores incluso, podrían, así, participar del gobierno recuperando lo que los partidos han estropeado.

Pero ese punto de vista es gravemente erróneo.

En una moderna democracia de masas el papel de los partidos políticos es insustituible y no puede ser reemplazado por las llamadas organizaciones de la sociedad civil, por bien inspiradas o dirigidas que estas últimas puedan estar (nada de lo cual, por otra parte, hay que dar por sentado). Y la razón es que esas agrupaciones expresan intereses particulares y tienen puntos de vista parciales y estrechos: reducen la extrema complejidad de la vida social a una mirada que se angosta al pasar a través de los intereses que cada una de ellas promueve. Esas organizaciones empujan un interés particular y simplifican al extremo los complicados problemas de la vida social. Es cosa de recordar la franja que antecedió al plebiscito para advertir el peligro de reducir la vida social a la suma de los intereses en juego.

Y es que, desgraciadamente, no es verdad que los intereses que promueven las organizaciones de la sociedad civil guarden identidad natural con los intereses generales o el bienestar social. Tampoco es cierto que este último coincida con la mera suma o agregación de esos intereses. Las decisiones colectivas requieren una escala ordinal que supone postergar algunos intereses en favor de otros, conciliar los que aparentan ser opuestos, zanjar un conflicto entre los que a primera vista coincidían. Gobernar es decidir y decidir es renunciar, sacrificar algo para lograr otra cosa.

Por eso los asuntos del Estado no pueden entregarse ni a corporaciones, ni a gremios, ni a clubes, ni a sujetos bien pensantes, ni a quienes hacen del buenismo un sustituto de la reflexión.

Es verdad que los partidos están llenos de defectos y que sus dirigentes suelen extraviarse y generar intereses propios hasta conformar, a veces, eso que G. Mosca llamó “clase política”. Y que a veces abandonan su deber de mediación de los intereses ciudadanos dedicándose simplemente a amplificarlos. Pero ninguno de esos defectos debe llevar a olvidar las insustituibles funciones que cumplen en una democracia representativa y por lo mismo el deber que en la hora presente tienen delante suyo.

La buena política, como cualquier otro quehacer humano, requiere vocación, disciplina y conocimiento. Y el manejo del Estado también. No basta saber teoría organizacional para manejar el Estado, ni filosofía política para orientarlo, ni buenas intenciones (el pernicioso buenismo) para hacerlo bien, ni tener necesidades para gastar los recursos. Se requiere cierta experiencia vital e intelectual que la vida partidaria y la competencia por el poder, con todos sus defectos, es la única capaz de poco a poco proveer entre sus miembros. Así los partidos seleccionan los liderazgos y los profesionalizan.

Y a diferencia de las llamadas organizaciones de la sociedad civil, los partidos cuentan con un punto de vista general para examinar los intereses particulares. Mediante una ideología o un puñado de concepciones valorativas, los partidos median entre los intereses particulares que compiten en la vida social y los intereses del conjunto. Es evidente que el interés general no es la mera agregación de intereses particulares; dilucidar el interés general requiere de un punto de vista razonado. Y ese punto de vista es el que, como consecuencia a veces de una larga historia o memoria, poseen los partidos.

Y todo eso en la hora constitucional —la de ahora— es más relevante que nunca.

El resultado del reciente plebiscito no debe conducir a descreer de los partidos o a que estos cedan a la tentación de confundirse con la sociedad civil o mimetizarse con ella. Por el contrario, hay que recordarles que su quehacer es más imprescindible que nunca y que no deben delegar su tarea o descreer de ella, sino ponerse a indagar en las expectativas ciudadanas y elaborar una narrativa acerca del interés general que sepa interpretarlas.

Carlos Peña

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José Francisco García

Profesor Derecho Constitucional UC

Hernán Larraín M.

Director proyecto constitucional Horizontal

Por primera vez en su historia esta generación de chilenas y chilenos, la primera del siglo XXI, tendrá la oportunidad de debatir y aprobar su pacto político. No ocurrió así bajo las cartas de 1833 —una imposición de los vencedores de Lircay—, la de 1925 —en medio del “ruido de sables” y la presión militar—, y en 1980 —una Constitución impuesta en dictadura—. Lo hará en medio de un proceso constituyente democrático y participativo, y esencialmente institucional, reflejando el contenido más profundo de membresía de cada uno de nosotros con nuestra comunidad política, la posibilidad de participar, sin violencia, con nuestra voz y votos, en dibujar el futuro de la sociedad. El plebiscito del 25 de octubre fue un primer gran paso en esta dirección.

Son diversos los sentidos que les damos a las constituciones. Además de su dimensión política, técnico-jurídica, sociológica, entre otras, las podemos pensar como pactos intergeneracionales entre el pasado, el presente y el futuro. Así, nuestra relación con el pasado requiere lealtad crítica con nuestros esenciales constitucionales, nuestra “meta-constitución”, que ha evolucionado en dos siglos de vida republicana: una Constitución escrita, los principios de soberanía popular y el sistema representativo, el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho, la división de poderes, y la independencia judicial. A ello hemos llamado escribir desde una hoja en blanco con tinta de 200 años. En lo que respecta al futuro, debemos tener una aproximación especialmente sobria; la nueva Constitución debe ser un punto de partida, otro hito en nuestra evolución constitucional, abierta al cambio y perfeccionamiento futuro, y, al igual que ahora, a un procedimiento de reemplazo o revisión total si la futura generación así lo estima en 20 o 30 años más.

En consecuencia, la evolución constitucional se parece a la redacción de una novela en cadena, en la que cada generación va redactando un nuevo capítulo, sobre la base de los capítulos anteriores, pero incluyendo nuevos protagonistas e historias —y dejando abierta la trama para los capítulos siguientes como hemos advertido antes—, en los próximos dos años deberemos poner especial atención a los desafíos del presente.

Junto con enfrentar aspectos orgánicos de gran trascendencia —un régimen de gobierno hiper-presidencial y un modelo de Estado unitario agotados—, ello nos lleva a una nueva interpretación, más exigente, de la igual dignidad de cada miembro de la comunidad; la igual consideración y respeto por los más diversos proyectos de vida, incluyendo las condiciones materiales que garanticen que puedan desplegarse de manera autónoma y un compromiso especial con la equidad de género; los imperativos de una sociedad plural, intercultural, abierta al mundo, especialmente en materia de un nuevo trato con nuestros pueblos indígenas o los inmigrantes; un compromiso más fuerte con un modelo de desarrollo sustentable; y rehabilitar lo político, la política, el concepto mismo de representación, y darle un nuevo valor a la regla de mayoría, como presupuesto de una cultura y práctica política legitimada. Ello, por lo demás, considerando la necesidad de robustecer nuestra longeva y alicaída democracia representativa con dosis sensatas de mecanismos de democracia directa, que estimulen la participación ciudadana en los asuntos comunes, en parte a nivel nacional, y especialmente subnacional.

Con todo, una nueva Constitución no podrá, por sí sola, enfrentar los múltiples desafíos y necesidades que demanda hoy nuestra comunidad política en los más diversos ámbitos. Ello requerirá de leyes, medidas administrativas, políticas públicas, pero muy especialmente de un nuevo Estado, uno a la altura de estos desafíos y necesidades de una democracia legitimada. El nuevo Estado debe comenzar en la nueva Constitución. Es por eso que ello importa incorporar reglas y estándares exigentes a la administración pública en materia de eficacia, eficiencia, coordinación, transparencia, responsabilidad, probidad, entre otros; consagrar el derecho a la buena administración pública; el debido proceso administrativo y todas sus garantías; un principio de igualdad y no discriminación de trato entre trabajadores del sector público y privado; estándares más exigentes en el ingreso a la función pública; entre otras.

Esta es la visión que inspiró el trabajo que por diez meses dieciséis académicos de distintas disciplinas elaboraron y que se plasmó en “Evolución constitucional: Bases conceptuales y propuestas para pensar la nueva Constitución”, que desarrolló el centro de estudios Horizontal y que fue publicada el 22 de octubre pasado. Porque tenemos la convicción de que ha llegado el momento de los contenidos y de iniciar un diálogo constructivo que, enfrentando los desafíos del presente y el futuro, se haga cargo también de aquellas heridas del pasado.

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30 de octubre de 1990

PRÁCTICA EN EL DESIERTO. Un destacamento de ingeniería especial apoya a los infantes de marina estadounidenses en las actividades de detección de minas en la región oriental de Arabia Saudita. Cerca de 200 mil soldados de la fuerza internacional que se opone a Saddam Hussein se encuentran en dicho territorio.

MIJAÍL GORBACHOV. El Presidente soviético reiteró que rechazaba una solución militar para la crisis del Golfo y pidió una reunión de países árabes para ayudar a resolver la ocupación iraquí de Kuwait.

NELSON MANDELA. El dirigente sudafricano, quien se encuentra en Tokio, dijo que el apartheid no puede ser sustituido por un Parlamento que incluya a negros, pero reserve derechos especiales para los blancos.

CALIFORNIA. La batalla por el cargo de gobernador, que enfrenta a la demócrata Dianne Feinstein y al senador republicano Pete Wilson, es la más importante de las que se desarrollarán el 6 de noviembre en 36 de los 50 estados norteamericanos.

SALUD. El ministro Jorge Jiménez dijo que el Gobierno incentivará la formación de hospitales mixtos, con participación de los sectores público y privado.

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30 de octubre de 1970

SALVADOR ALLENDE. Ante 150 periodistas de América Latina, Estados Unidos y Europa, se refirió a las proyecciones de su gobierno y denunció dos atentados contra su vida.

BRASIL. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos investigará directamente las denunciadas torturas políticas.

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30 de octubre de 1920

PARQUE COUSIÑO. Las familias ya han principiado a hacer sus paseos matinales por los jardines y a bogar en las embarcaciones del lago.

ARTURO ALESSANDRI.“Todos esperan de él grandes cosas”, dice la prensa argentina. Lo define como un político sencillo y un hombre franco que se acerca a los demás cordialmente.

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